
La revelación de la información causó un gran revuelo en los mentideros políticos del país que expresaron incredulidad para aceptar la noticia tras haberse repetido todo el tiempo la versión de que había sido supuestamente un crímen de Estado cometido por sicarios del cartel de Cali, por encargo del entonces Presidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano y de su ministro de gobierno, Horacio Serpa Uribe.
Los familiares del dirigente inmolado, entre ellos el veterano periodista Mauricio Gómez, no creen en la versión de las farc, en tanto que algunos dirigentes políticos opositores del expresidente Samper creen inopinadamente que se trata de un favor para que los autores intelectuales queden en la impunidad y el caso pase a conocimiento de la JEP.
El crimen del líder Conservador ocurrido en horas de la mañana el 2 de noviembre de 1995 cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda en la que era catedrático fue calificado como delito de lesa humanidad por la fiscalía General de la Nación el año 2017 ante la posibilidad de que la acción penal prescribirá y el delito se quedara sin justiciar.
Los argumentos de los incrédulos y opositores no tienen asideros dado que entre los delitos exceptuados del conocimiento de la jurdisdicción de la JEP se encuentran los de lesa humanidad.
Aunque no se entiende por qué las FARC dejó de reivindicarse el magnicidio es su momento como acción de guerra tampoco existe lógica que permita siquiera inferir que reconocer su delito ahora le sirva de favor a terceros, en tanto que por el contrario, si no dicen la verdad les acarrearía severas sanciones penales.