La Alcaldía de Montelíbano, la ESE Hospital Local de ese mismo municipio y la Empresa de Servicios Públicos Jaguazul S. A., figuran entre el grupo de 3 gobernaciones y 15 alcaldías que entregaron a 18 financiadores de sus campañas políticas, contratos por cerca de 6 mil millones de pesos, pese a estar inhabilitados por haber hecho aportes por encima del 2% del tope establecido.
El Procurador Fernando Carrillo Flórez explicó que en desarrollo de la función preventiva y atendiendo a las denuncias inicialmente presentadas por Transparencia por Colombia y la Alianza Ciudadanía Activa, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, con apoyo de la Unidad de Gestión de Información e Inteligencia – UGII – y el Grupo de Control Electoral, adelantó acciones de analítica de datos para identificar contratos celebrados con financiadores de campañas de 2015, 2018 y 2019, lo que le permitió focalizarse en los aportantes de 2019 que superaron el tope del 2%, por estar actualmente inhabilitados para suscribir esos contratos.
“Este segundo paso, dijo, nos arrojó un universo de 120 contratos por un monto que asciende a $45.909 millones y una vez concentrados en la inhabilidad de los financiadores que superaron el 2% del aporte se identificaron: 18 financiadores que entregaron más de 620 millones a 18 candidatos elegidos (3 gobernadores y 15 alcaldes), cuyas administraciones suscribieron 52 contratos por más de 5.800 millones, a través de 20 entidades públicas de su propia circunscripción electoral”.
La Procuraduría General de la Nación estableció que esos 52 contratos suman $5.831,6 millones de pesos, lo que representa un retorno del 939,5% frente a los $620,74 millones que entregaron los financiadores en 2019.
En este grupo se encuentran la ESE Hospital Local de Montelíbano, la E.S.P. Jaguazul S.A. y la Alcaldía de Montelíbano, Córdoba, que suscribieron 3 contratos con la empresa SON Impresores S.A.S., por $32,9 millones, la cual figura como una de las aportantes a la campaña del actual alcalde de Montelíbano José David Cura.
Frente a este hecho, advirtió el Procurador Carrillo Flórez que “Los mandatarios que celebraron contratos con personas naturales o jurídicas que estaban inhabilitadas serán objeto de investigación y están en la obligación de darlos por terminado, según corresponda en cada caso, mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentren”.