El pasado viernes 29 de Mayo el director del Departamento Administrativo de Estadísticas-DANE- Juan Daniel Oviedo Arango, le anunció al país, que en el mes de abril más de 5,3 millones de personas habían perdido su empleo por causa de las medidas de emergencia sanitaria y social adoptadas por el Gobierno para evitar la propagación del Coronavirus en el territorio nacional.
Cariacontecido, Oviedo Arango, reconoció que este inmenso contingente de personas que perdieron su trabajo contribuyó a disparar la cifra de desempleo en el mes de abril, que se ubicó en el 19,8%, la tasa de desocupación más alta desde la crisis económica de 1999.
Esta dramática situación llama poderosamente la atención, si se tiene en cuenta que el Gobierno Nacional expidió el 8 de mayo, el decreto mediante el cual formalizó la creación del anunciado Programa de Apoyo al Empleo Formal, -PAEF-, con el cual el Estado subsidiaría el 40% de un salario mínimo a los trabajadores de las empresas que registraran una disminución de al menos el 20% en su facturación en el mes de abril de 2020, en relación con el mismo mes de 2019.
Para el cumplimiento de este programa el Estado destinó una suma del orden de los dos billones de pesos mensuales, para el pago de las nóminas de mayo, junio y julio, con el fin de «beneficiar y salvar al menos a 6 millones de empleos», como reza en sus objetivos.
Un somero análisis de los objetivos del Programa de Apoyo al Empleo Formal y el anuncio del DANE sobre empleos perdidos en Abril 2020 nos informa, con pocas probalidades de error, que en su gran mayoría las empresas del sector productivo no se comprometieron con la iniciativa del gobierno.
Ante esta evidencia la pregunta que surge es si a pesar de su falta de compromiso con este programa del gobierno, los empresarios se están lucrando con los recursos destinados para su financiación, sin cumplir con la condición de mantener intacta su nómina de trabajadores desde el mes de abril y durante los meses de mayo, junio y julio, que se estiman serán de impacto de la emergencia.
Aclarar este asunto le corresponde a la Unidad de Gestión Pensional -UGPP- designada por el Gobierno para verificar la correcta utilización de estos recursos y evitar que se pierdan en el maremágnum de esta pandemia sin cumplir su objetivo, como muchos otros que hoy están en la mira de la Contraloría y la Procuraduría.