CAMBIOS MASIVOS DE MEDIDORES

Una campaña soterrada de cambio masivo de medidores despliegan las empresas de servicios públicos domiciliarios en el departamento de Córdoba, abusando desde hace algún tiempo, de sus usuarios.

La campaña que se Intensificó en los últimos días desafía las sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio a sus homólogas de otros departamentos por prácticas monopólicas del mercado y por el abuso de su posición dominante.
En Córdoba, las empresas Electricaribe S.A, E. S. P y Veolia Proactiva, que opera el servicio de acueducto y alcantarillado de Montería, realizan cambios de medidores a través de contratos tercerizados tratando de evadir resposanbilidades y abusando del contrato de condiciones uniformes, que es en esencia, un contrato de adhesión en el que el consentimiento del usuario aparece viciado y sustituido por el control del Estado a través de una relación jurídica reglamentaria.

Es cierto que la ley permite el cambio de medidores pero lo hace bajo dos respectos: (I) cuando se requiera por desperfectos del equipo preexistente; y, (ii) cuando el desarrollo tecnológico ponga a disposición de las empresas medidores de mayor precisión en las medidas.
En ambos casos existe una obvia regulación Estatal muy precisa que se saltan con alta frecuencia las mencionadas empresas y que frente a la resistencia de los usuarios y la intervención en estos casos de la Superintendencia de Servicios Públicos vienen apelando a la opción dos, informando al usuario que el cambio obedece al mayor desarrollo tecnológico con equipos de mayor precisión en las medidas, soslayando la regulación estatal en estos casos que condiciona los cambios masivos de medidores  a la capacidad técnica y financiera de la empresa o si la entidad territorial está dentro de las categorías establecidas, respetando el bolsillo y el presupuesto del usuario. Los borradores de los documentos Conpes para estos planes no han pasado de eso, son borradores, de modo que dichas campañas no pueden realizarse sin la intervención de la Comisión Reguladora respectiva.

La regulación Estatal debe preceder a las campañas entre otras cosas porque las operadoras privadas jamás arrastraron las “pérdidas” por la ineficiencia en las medidas o por fugas, ya que sus costos fueron asumidos por los usuarios vía tarifas y por el llamado consumo comunitario distribuido o los salvavidas que se erogan de los impuestos con distintas leyes. Es por eso, que un cambio masivo de medidores debe ir aparejado a una reducción proporcional en las tarifas y a un recorte presupuestal en los aportes del Estado para el salvamento de dichas empresas, que hacen imperativa la intervención de la Comisión Reguladora.

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