El Juez Promiscuo Penal Municipal de Puerto Rico (Risaralda) acogió la petición de la Fiscalía General de la Nación de condenar a los 7 soldados adscritos al batallón de Artillería San Mateo de Pereira, que violaron a una niña de la etnia indígena Embera Catío en ecercanías de su centro de operaciones.
Seis de los acusados aceptaron su participación en el delito de acceso carnal abusivo agravado, mientras que el séptimo fue acusado en calidad de cómplice, de modo que el Juez ordenó la reclusión de todos en una instalación militar.
El hecho, que originó el repudió general de los principales líderes políticos y de la ciudadanía en general, que recién salía de una polémica por la aprobación del acto legislativo que precisamente establece la cadena perpetua para los responsables de este tipo de delitos, dejó sin embargo en un gran ridículo político a la senadora uribista María Fernanda Cabal, quien en un Twitter alertaba sobre un posible «falso positivo» para tratar de confundir a la opinión pública sobre la responsabilidad de los soldados en el execrable delito.
También se cuestiona la calificación del delito por parte de la Fiscalía que optó por acusar a los responsables de Acceso Carnal Abusivo agravado, que se castiga con una pena máxima de 20 años, y no optó por el que según juristas se ajustaba más a los hechos el de Acceso Carnal Violento, porque la violación se cometió sin el consentimiento de la niña indígena, y aparentemente este tiene otros agravantes.
De hecho la Fiscalía no optó por solicitar que se les aplicara el artículo 211 del Código Penal que describe las «Circunstancias de Agravación punitivas» para estos delitos y aumenta su pena entre las tres partes y la mitad, por haber sido cometido con menor en incapacidad de resistir.
Lo que genera mayor inconformidad sin embargo, es que se haya ordenado como sitio de reclusión para estos violadores, una guarnición militar, en donde estarán muy cómodamente instalados y con menos restricciones para su libertad, apoyados por la «solidaridad de cuerpo».
No queda sino pensar que los gritos del fiscal Francisco Barbosa calificando de bandidos a estos militares y anunciando para ellos el castigo con todo el peso de la ley, no pasan de ser puro teatro para ocultar un acuerdo procesal que le pernite a la fiscalía cerrar un caso emblemático en un tiempo récord que le hace ganar simpatías entre la ciudadanía.