El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, denunció la existencia de sobrecostos por valor de 506 mil millones de pesos en los contratos suscritos para atender las necesidades humanitarias generadas por la pandemia del COVID-19.
Según el contralor, hasta la fecha la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) ha revisado registros por 5 billones de pesos, equivalentes al 22,2 por ciento de todos los contratos celebrados por entidades del Estado durante los últimos tres meses.
En esa revisión, el organismo estableció que el 49 por ciento de los contratos con el covid-19 han tenido como objetivo la compra de alimentos, insumos médicos y elementos de bioseguridad, con un costo de 2,44 billones de pesos, mientras que
el 51 por ciento de los contratos restantes son de prestación de servicios, y tienen un valor de 2,56 billones de pesos.
Durante el examen, la Contraloría ha emitido 396 alertas por presuntos sobrecostos en contratos, cuyo valor es de 506.000 millones de pesos, lo cual significa que las irregularidades detectadas crecieron en una importante suma desde el 17 de junio, cuando se hizo el último corte, pues a esa fecha las irregularidades sumaban 484.000 millones de pesos.
También crecieron las alertas, pues en la última fecha del reporte había 340.
Según el organismo de control fiscal, el 40 por ciento de los contratos del coronavirus con alertas tienen origen en los recursos de departamentos de 26 gobernaciones.
Estas alertas de la Diari llevaron a las administraciones locales a renegociar contratos que inicialmente valían 129.226 millones de pesos, a reducir su costo hasta 80.233 millones de pesos.
Pero, además, el Contralor llamó la atención sobre otra gestión también importante y que tiene que ver con la revisión de otros 78 proyectos para atender el coronavirus, que se están financiando con regalías y que tienen un valor de 321.444 millones de pesos.
El objeto generalizado de esos contratos es el fortalecimiento de las capacidades de ciencia y tecnología para atender los problemas de agentes biológicos de alto riesgo para la salud. De esos 78 proyectos, 53 están aprobados y 25 (que cuestan 77.373 millones de pesos) están pendientes de aprobación.
La Contraloría evidenció que esos proyectos tienen una ejecución de 12 meses, lo que significa que aunque su objeto es el coronavirus, no van a estar listos en el corto plazo, es decir no van a servir para atender la pandemia, y en consecuencia, en su mayoría, esos recursos no cumplirán su objeto social por falta de planeación institucional.