El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, ordenó revisar los impactos fiscales del Acuerdo 002 de 2020 expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y alertar, si es del caso, sobre la legalidad del otorgamiento de facultades para que particulares y privados ejerzan funciones administrativas propias de esta entidad.
Llaman la atención de la Contraloría General las disposiciones generales del Acuerdo 002 de 2020, en lo que respecta a la excepcionalidad constitucional y legal que permite que particulares ejerzan funciones administrativas, toda vez que tal como fue proyectado y como se reglamente el desarrollo de estas, posiblemente se podría generar una privatización de los recursos que por su origen tarifario y del servicio que se presta tienen calidad de públicos.
Mediante este Acuerdo del Consejo Directivo del ICA, se pretende autorizar a terceros particulares para ejercer funciones administrativas que corresponden de forma inherente al instituto.
La CGR, a través de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, verificará si se da una posible falta de planeación y estructuración del modelo financiero, que puede impactar notoriamente en la prestación del servicio a cargo del ICA y las tarifas para los usuarios y beneficiados, lo que generaría limitaciones en el acceso a los servicios que desarrollará el tercero particular.
Vale anotar que la posibilidad de privatización de los recursos aleja y limita a la Contraloría General de la República de su competencia constitucional, al ser estos manejados directamente por un privado sin distinción del ejercicio legal de que trata la norma respecto a la excepcionalidad de funciones administrativas por particulares y el servicio público prestados por estos.
En consideración a estas situaciones y haciendo uso de las nuevas facultades de que dispone la CGR, para alertar de manera preventiva y concomitante sobre el manejo de los recursos públicos y la gestión fiscal de las entidades del Estado, se ha iniciado un ejercicio de planeación para conocer y evaluar los alcances del Acuerdo 002 de 2020.
De esta manera, se podrán analizar los riesgos jurídicos, financieros e impacto de estos ante los beneficiarios y el cumplimiento de los fines del Instituto, respecto al servicios que prestará el tercero particular, la tasa o tarifa a cobrar a los usuarios, la destinación de esta y la garantía de la materialización del modelo financiero para que no afecte el patrimonio del ICA.
Se busca determinar los posibles efectos y riesgos que se producirían con la entrega de funciones administrativas a un particular, algo que, si bien es permitido por la normatividad vigente, implica una excepcionalidad y reglamentación específica.
A la fecha existe un proyecto de Acuerdo, el cual se encuentra en revisión por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para su aprobación. La Contraloría General también evaluará los efectos jurídicos del mismo, una vez se expida formalmente.