CONVERSACIÓN NACIONAL PERO PARA NUEVA CONSTITUYENTE

La crisis social, económica y política por la que atraviesa el país es de grandes proporciones, pues las irregularidades y delitos que han sacudido a las tres ramas del poder público, y que apenas se vislumbran como la punta de un gigantesco iceberg, son un claro indicio de que vamos camino a convertirnos en un Estado Fallido si no se impulsan las reformas profundas que apunten a su democratización y a la eliminación de la corrupción.

Es esta última, la corrupción, la madre de todos los males que aquejan al país, y pretender que sea arrancada de raíz, por una ley o por un decreto presidencial es sencillamente una utopía, en tanto que quienes tienen a su cargo las instituciones, son personas que en su mayoría han alcanzado sus cuotas de poder precisamente a costa de este desbarajuste institucional.

Las noticias que revelan la cadena de hechos de corrupción en las tres altas cortes, representativas del Poder Judicial; en el Congreso, antes por su cooptación por el paramilitarismo y ahora por el tráfico de influencias para auspiciar la irregular adjudicación de contratos; y la absoluta falta de autoridad de un gobierno, que alienta con su oposición a la implementación de instrumentos de paz, la eliminación física de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, dan cuenta de la fragilidad institucional del Estado colombiano.

Ante este abrumador panorama la Conversación Nacional propuesta por el Presidente Iván Duque, para tratar de minimizar los efectos de la gran protesta social que se inició con el paro del 21N y que está latente, no puede limitarse a discutir sobre el incremento de 2 puntos más al salario mínimo, ni sobre un aumento pírrico de los presupuestos para educación, investigación y salud y tampoco sobre la reforma al régimen pensional y tributario impuesto por el gobierno.

Se requiere, como decía el extinto líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, un Acuerdo sobre lo Fundamental, que nos permita enfrentar esta tercera década del siglo XXI, con unas instituciones dignas de un Estado Democrático que garantice los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, pero que también promueva y defienda la equidad entre sus asociados.

Esto solo puede lograrse mediante una Asamblea Nacional Constituyente que establezca un nuevo diseño institucional para el Estado colombiano, que regule con absoluta claridad la separación de poderes, para que por ejemplo los magistrados de las altas cortes no sigan siendo elegidos por cooptación; el Procurador y el Contralor no lo hagan por el Congreso y el Fiscal General de la Nación no se convierta en un empleado del Presidente, porque es este quien provee la terna para su nombramiento.

Una Constituyente que decida sobre qué modelo educativo, de salud y de pensión queremos implementar de cara a esta nueva década; y, en fin, qué modelo de país queremos para salir del atraso, la inequidad y el subdesarrollo en que hoy estamos sumidos.

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