Después de varias sesiones que generaron intensas controversias, la Corte Constitucional concedió la tutela interpuesta por el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias para reclamar su derecho a ser juzgado con aplicación de un procedimiento de doble instancia.
La tutela, que fue aprobada parcialmente por una votación de 5 a 4 magistrados, solicitaba también que se ordenara la inmediata libertad del exministro Leiva y que fuera juzgado por un tribunal distinto a la Corte Suprema, peticiones estas que le fueron negadas.
Esta decisión, que rompió el orden constitucional que regía en el país para los funcionarios aforados, generó airadas reacciones entre connotados constitucionalistas, pero fue bien recibida por la militancia del partido Centro Democrático, cuyo jefe, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, siempre luchó para que se le diera este beneficio a su exministro.
Incluso la misma Corte Suprema de Justicia expidió minutos después de conocer esa decisión un duro comunicado en el que acusa a la Corte Constitucional de cambiar intempestivamente las reglas de juego establecidas para favorecer exclusivamente al exministro Andrés Felipe Arias, pero anunció que acata su fallo.
Aunque el fallo de tutela, dice la Corte Suprema, reconoce la «firmeza, legalidad e integridad de la sentencia y no hace juicios de valor sobre los hechos, pruebas y fundamentos de la condena en su contra, no obstante deja un peligroso precedente de incertidumbre en la jurisdicción ordinaria e inseguridad jurídica».
Aunque aparentemente los efectos de este fallo de tutela no cobijarían a otros aforados condenados en una sola instancia, la Corte Suprema atribuye a la Corte Constitucional la responsabilidad del impacto de las insospechadas consecuencias para el Estado de Derecho de una decisión particular.