DESTRUYEN LABORATORIO PARA PRODUCCIÓN DE COCA EN ESTRATO 6
Sin mucho aspaviento la prensa nacional difundió la noticia sobre el descubrimiento de un sofisticado laboratorio para producción de cocaína en terrenos de una finca de propiedad de la familia de Fernando Sanclemente Alzate, embajador del gobierno del Presidente Iván Duque en Uruguay.
La investigación y el operativo de destrucción del moderno laboratorio fue dirigido por autoridades norteamericanas que alertaron al gobierno colombiano de su existencia en sus propias narices, en Cundinamarca, y en tierras de uno de sus funcionarios y su familia.
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«ESE LABORATORIO FUNCIONABA A MIS ESPALDAS»: FERNANDO SANCLEMENTE
Tan pronto se conoció la noticia sobre la destrucción del laboratorio que operaba en la finca Sanclemente, el embajador, vocero de la familia, se declaró víctima y le dijo a la Fiscalía que su administrador había arrendado esas tierras sin su autorización, es decir ¡A SUS ESPALDAS! y así se mantuvo por más de dos años, sin que se advirtieran por parte de las autoridades colombianas los constantes viajes de una camioneta de alta gama blindada por la zona y los indicios de las labores características de la producción de cocaína.
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UN NUEVO ELEFANTE QUE IGNORA EL GOBIERNO.
A pesar del silencio que ha guardado el gobierno del presidente Duque en torno al hallazgo y posterior destrucción del laboratorio para procesar coca en Guasca y de las burdas explicaciones del vocero de los propietarios de la finca en donde funcionaba, las primeras investigaciones dan cuenta de la intervención de una organización criminal dedicada al narcotráfico a gran escala, que de ninguna manera podía funcionar en esa zona sin la complicidad de las autotidades colombianas.
Y es que de otra manera no se puede explicar la operación durante tres años de una moderna infraestructura que producía una tonelada de cocaína al mes, con el peregrino argumento de que allí se cultivaba papa.
Por eso, lo menos que debió hacer el presidente Duque para demostrar la verdadera decisión de su gobierno de luchar contra el narcotráfico en todas sus manifestaciones, fue pedir la renuncia a su embajador en Uruguay Fernando Sanclemente, y no concederle una licencia de dos meses, y además poner en marcha el aparato judicial del Estado para iniciar las acciones tendientes a declarar la extinción de dominio de la finca de la encopetada familia.
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SOLUCIÓN MILITAR A DELICADA SITUACIÓN SOCIAL DEL SAN JORGE Y ALTO SINÚ.
La construcción y dotación de una Estación Regional de Policía en Montelíbano, el fortalecimiento de la Fuerza de Tarea Aquiles y del aparato judicial en la zona y la construcción de una nueva Estación de Policía en la margen izquierda del río Sinú en Montería, son las principales acciones que se pondrán en marcha para hacer frente a la violencia y el narcotráfico que golpean el sur de Córdoba.
Esos fueron los principales anuncios del Presidente Iván Duque Márquez, al término del Consejo de Seguridad realizado a fines de Febtero en Montelíbano, porque sobre el fortalecimiento de la inversión social, el Presidente solo dijo que «se habló» del apoyo a la ejecución de los proyectos que vienen del anterior gobierno como los PEDT, etc.
Eso ratifica que este gobierno sigue creyendo que la solución para la problemática social que se vive en muchas zonas del país, pasa por el incremento del pie de fuerza y los bombardeos.
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MUCHOS ANUNCIOS Y POCAS ACCIONES
En el Congreso de la República se hizo famosa una propuesta para terminar aquellos debates más enconados: «Vamos a crear una comisión».
Tal parece que este es el estilo del gobierno Duque, pues para cada problema se inventa una «comisión» con atrayente nombre que supuestamente buscará su solución.
La última de la que tenemos noticia es la creación del «Bloque de lucha contra la corrupción», cuyo anuncio fue hecho con bombos y platillos para tratar de ocultar el impacto causado a este gobierno por los hechos de corrupción descubiertos a todos los niveles de la administración pública, de la Policía y de las Fuerzas Militares.
Sin embargo ese «Bloque contra los corruptos» está conformado por los representantes de las mismas entidades que integran la «Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción», creada por el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011).
Sugerimos que para que no haya duplicidad de funciones y objetivos entre estos dos organismos se conforme una «Comisión para su unificación».