El Fiscal general de la Nación Francisco Barbosa habría violado la ley al negarse sistemáticamente a responder un derecho de petición que le formulara el periodista Gonzalo Guillén en donde le solicitaba formalmente que se apartara de las investigaciones que se han abierto en la Fiscalía por la llamada Ñeñe-politica.
Aunque Guillén recurrió, a través de abogado, a una tutela para obligar al fiacal Barbosa a responder su derecho de petición, es claro que por su reiterada negativa a hacerlo el Fiscal Barbosa incurre en Causal de Mala Conducta, que se constituye en Falta Gravísima, a la luz de lo estipulado en el Artículo 48 de la Ley 734 de 2002, mejor conocida como el Código Único Disciplinario.
Independientemente del resultado del proceso disciplinario que se pudiera abrir contra el fiscal Barbosa y del fallo de tutela, deja un sabor amargo que un personaje investido de la máxima autoridad para investigar y llevar ante la justicia precisamente a quienes violan la ley, sea el primero en incurrir en su sistemática violación.
Esta actitud de Barbosa sugiere que el Centro Democrático, el partido de gobierno, con la anuencia del Presidente Duque, le han otorgado Patente de Corso para golpear a quienes considera sus enemigos y opositores a su proyecto de perpetuarse en el poder.
Mientras tanto esperamos el resultado de la tutela interpuesta ayer martes por el abogado penalista Augusto Ocampo, en representación del periodista Gonzalo Guillén, para determinar si los tentáculos del Centro Democrático y este Gobierno llegan hasta vulnerar la majestad de la justicia y arrodillar a la democracia.
Pese a que Barbosa se negó a contestar el derecho de petición, violando así el artículo 23 de la Constitución Nacional y diversas normas penales y disciplinarias, optó por meter presos a los dos agentes de la DIJIN que de manera lícita descubrieron las primeras pistas de la forma como “Ñeñe” Hernández compró votos para Duque y financió su campaña con aportes que no aparecen en las cuentas oficiales.
Hay que señalar además que Barbosa ya ha sido recusado también ante la Corte Suprema de Justicia, por el abogado Miguel Ángel del Río por las mismas razones y, que por otra parte, la reconocida organización no gubernamental Dejusticia, solicitó su reemplazo por un fiscal ad hoc debido a los evidentes intereses que tiene en el caso de la “Ñeñe-Política”.