El Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa anunció ayer que su despacho ordenó la apertura de indagación preliminar para establecer si el Ministro de Agricultura Rodolfo Zea, el Presidente de Findeter Dairo Estrada y otros funcionarios de esa institución incurrieron en irregularidades al otorgar créditos subsidiados mediante una linea especial llamada Colombia Agro Produce que terminaron, en un 90% en manos de grandes empresarios del campo, cuando su objeto era impulsar la economía de medianos y pequeños productores del sector agropecuario.
Como se sabe, para atender el impacto que generaría la emergencia por la pandemia del Covid19 a los productores del campo, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, presidida por el Ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, aprobó el viernes 27 de Marzo, la creación de una Línea Especial de Crédito -LEC- , denominada Colombia Agro Produce, con tasas, plazos y condiciones especiales, diseñada específicamente para apoyar a los pequeños productores del campo, garantizar la cadena de producción y el abastecimiento de alimentos en todos los rincones del país, entregando su implementación y manejo a Findeter.
Sin embargo de acuerdo a la investigación de la Contraloría General de la República, con una celeridad impresionante, el martes 31 de Marzo, 2 días hábiles después de su creación, Finagro ya había asignado buena parte de los recursos destinados a ésta línea de crédito blando. Por supuesto, los principales beneficiarios de esa linea de crédito, según detectó la Contraloría, fueron los grandes empresarios, entre quienes Finagro distribuyó 226 mil millones de pesos, el 94% del total de los recursos, mientras que un cupo equivalente al 4% fue otorgado a medianos empresarios y sólo el 2% fue adjudicado a los campesinos rasos, verdaderos destinatarios de esta ayuda gubernamental.
Los resultados de la investigación fueron compartidos por la Contraloría con la Fiscalía y la Procuraduría, entidades con las que conforma un «Equipo Anticorrupcion» que ahora arroja los primeros resultados en su objetivo de proteger los recursos públicos y castigar a los responsables de intentar apropiarse de ellos.
El Fiscal Barbosa anunció que ya designó un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema para conducir el proceso contra el Ministro Zea y el Presidente de Findeter Dairo Estrada, por ser funcionarios aforados, y que se repartieron entre otros fiscales los procesos contra los demás funcionarios de Findeter presuntamente implicados en estas irregularidades.
Un anuncio similar hizo el Contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba, tras señalar que gracias a las nuevas facultades otorgadas en el marco de la reciente transformación a esa entidad, fue posible detectar las irregularidades cometidas aprovechando esta Linea de Crédito Especial-LEC-.