Las medidas adoptadas por varias instituciones del Gobierno en contra del gobernador del Magdalena Carlos Caicedo y que aparentemente procuran «salvar» del desorden administrativo a la ESE de ese departamento y castigar presuntas irregularidades cometidas por el entonces alcalde de Santa Marta, están realmente dirigidas a socavar la imagen política de un dirigente joven, inteligente y carismático, que decidió enarbolar el liderazgo de la lucha contra la politiquería y la corrupción en su departamento.
Un esfuerzo que ha sido respaldado por el pueblo magdalenense, que lo eligió primero alcalde de Santa Marta y ahora gobernador del departamento, y eligió también como alcaldesa distrital a una distinguida militante de su movimiento político.
Un hecho político de esta naturaleza no podía pasar inadvertido para el partido de gobierno, el Centro Democrático, que ante el escándalo suscitado por el apoyo de oscuros personajes, como el «Ñeñe» Hernández y su hermano el «Goyo», para la compra masiva de votos en favor del actual presidente Iván Duque, ha sufrido el derrumbamiento de su imagen política en departamentos como la Guajira y el Cesar.
Se convirtió entonces para el partido de gobierno, el Centro Democrático, un objetivo político inaplazable recuperar para sus aliados las mayorías electorales en el Magdalena, pues en el Atlántico tienen un fuerte contendor en la familia Char, y ni en Bolívar ni en Córdoba, tienen tampoco una fuerza electoral mayoritaria, de modo que sus directivos intentan, a como de lugar, recuperar su poder hegemónico en una región que será clave para la elección del nuevo Congreso y del nuevo Presidente en 2022.
En desarrollo de su estrategia, el gobierno Duque, a través de la cuestionada Superintendencia Nacional de Salud, ordenó la toma de posesión del hospital Distrital de Santa Marta, que estaba bajo la égida de la Gobernación, y designó a un cuestionado Agente Interventor que lo pondrá a disposición de la clase política tradicional que contribuyó a su crisis.
Pero la intervención de la Fiscalía no podía faltar para apuntalar esta estrategia contra la democracia en el departamento del Magdalena. Haciendo gala de su poder, la Fiscalía ordenó la extinción de varios bienes, de propiedad del gobernador Caicedo, de su sucesor en la la alcaldía Rafael Martínez y de otros exfuncionarios, para supuestamente resarcir el daño causado al Estado al incumplir los contratos para la construcción de cinco centros de salud en el distrito de Santa Marta.
A la Fiscalía no le importó que 4 de estos cinco Centros de Salud estén funcionando perfectamente, menos el quinto que quedó bajo control de la Supersalud, tampoco le importó que los 4 bienes que pidió en extinción del gobernador Caicedo sean viviendas sencillas que fueron adquiridas con créditos hipotecarios, mucho antes de que este fuera elegido alcalde y por supuesto tampoco le importó a la Fiscalía que Caicedo no hubiese firmado los contratos para la construcción de esos centros de salud.
Y claro que no le podía importar porque el gobernador Caicedo, así como otros dirigentes independientes, fue declarado «objetivo político» en esta demoníaca estrategia diseñada por el Centro Democrático para tratar de perpetuar en el poder al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien tiene en su «agenda» entregar los recursos del país a los grandes detentadores del capital, en desmedro de la inmensa población pobre que habita campos y ciudades de Colombia, que hoy clama por una nueva oportunidad sobre esta tierra.