La Contraloría General de Córdoba iniciará un proceso auditor en la Cámara de Comercio de Montería, con el fin de verificar denuncias sobre la existencia de presuntas irregularidades en millonarios contratos adjudicados sin el cumplimiento de los requisitos legales durante el período 2016 – 2020.
Las irregularidades, de acuerdo a las denuncias, van desde la adjudicación de contratos a una misma empresa, violando las normas que obligan a utilizar mecanismos de convocatoria pública; favorecer la cartelización empresarial al otorgar millonarios contratos a dos firmas distintas que comparten la misma dirección residencial, y adjudicar anualmente contratos con el mismo objeto, pero con enormes diferencias de costo.
En la denuncia se advierte que en los tres últimos años la Cámara de Comercio, cuyo director es Félix Manzur Jattin, suscribió contratos con las mismas cuatro empresas, todas con nombres extranjeros, por valor cercano a los 8.500 millones de pesos.
De esa suma, 3.398 millones 131 mil pesos, fueron adjudicados a Alliance Effort EU, para supuestamente desarrollar dos contratos para promocionar matrículas por 1.576 millones de pesos, dos asesorías por 849 millones, dos contratos de recaudo de cartera por 200 millones de pesos y una consultoría por 772 millones 500 mil pesos.
Fue denunciada también la presunta contratación irregular de la empresa Innovemp Korperschaft S.A.S, beneficiaria de seis contratos, por un valor total de 3.026 millones de pesos, cinco de ellos para la ejecución de asesorías por valor de 2.576 millones de pesos y uno para la creación e implementación del Centro Digital de la Cámara de Comercio por valor de 450 millones de pesos.
La feria de contrataciones siguió con la empresa Prosjekt Og Forsk Colombia S.A.S, con la que se firmaron seis contratos por valor de 1.836 millones 570 mil pesos, cuyo objeto era la realización de los censos y estudios de investigación relacionados con el comercio, entre ellos encuestas de percepción de seguridad por las que se pagaron cerca de 617 millones de pesos.
Se favoreció también la firma llamada Rechts & Steuern, Corp S.A.S, a la que se adjudicó el contrato 006-19 por 184 millones de pesos para hacer un estudio socio jurídico de los conflictos de los comerciantes de Montería, que tuvo una duración de dos meses y 20 días.
Entre los objetos de estos contratos figuran por ejemplo encuestas de percepción de la seguridad del comercio, censos, y otros estudios que oscilan entre los 250 millones hasta 336 millones 570 mil 900 pesos, algunos con una duración inferior a los dos meses.
También se incluyen ocho contratos de asesorías, los cuales ascienden a 3.990 millones de pesos. El de más alto valor es el número 015/17 por 756 millones para asesoría y capacitación, consultoría, comercio electrónico, durante seis meses. Otro contrato identificado bajo el consecutivo 007/17 fue suscrito por valor de 580 millones para asesoría, capacitación y sensibilización para el comercio informal de Montería, cuyo tiempo de ejecución fue de cuatro meses.
Dos de las empresas, Innovemp Korperschaft S.A.S y Rechts & Steuern, Corp S.A.S, a las que le han adjudicado contratos por un valor total de 1.574 millones de pesos, identificados bajo los radicados 007, 010 y 012 de 2019, y 006/19 por valor de 184 millones, comparten la misma dirección, la carrera 12 No. 53-42 oficina 804 Torre 3, de la ciudad de Montería, según consta en los certificados expedidos por la Cámara de Comercio.
Para los delegados del presidente de la República ante la junta directiva, Jairo Díaz Sierra y Adriana Cote Velosa, esta situación era a todas luces irregular, pues el hecho de que dos empresas compartieran la misma ubicación y que ambas, a la vez, sean contratistas de la entidad, sugiere una cartelización para manejar los precios de las actividades contractuales.
Por esta y las demás situaciones Díaz Sierra y Cote Velosa pidieron explicaciones al presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Jorge Doria Corrales, pero sus respuestas no los dejaron satisfechos y por tal motivo acudieron a la Contraloría Departamental, para que con fundamento en sus denuncias, inicie un proceso auditor en la entidad con el fin de establecer si estas conductas violan el régimen de contratación y en consecuencia procedan a sancionar a los responsables de su comisión.
Pero además los denunciantes pidieron a la Contraloría que examinara los contratos cuyos objetos se repiten. Con estas características figuran el 024-16 que se hizo con Prosjekt Og Forsk Colombia S.A.S, por valor de 536 millones 570 mil pesos para hacer estudios y encuestas que permitieran recolectar datos para identificar la victimización y percepción de seguridad pública en los establecimientos comerciales de Montería, Cereté, Lorica, Sahagún y Planeta Rica en el año 2016 y otro suscrito este año 2020 con el mismo objeto, pero además incluía otros municipios, cuyo valor fue de 280 millones de pesos. “son contratos con la misma finalidad a los 4 años, pero no se explica, cómo siendo el mismo objeto, en el año 2016, para un menor número de municipios del departamento de Córdoba, costó mucho más que el contrato celebrado con la misma empresa para el año 2020, con más municipios dentro del campo de acción del contrato”, señala la denuncia hecha a la Contraloría.
De acuerdo al informe realizado por la periodista Nidia Serrano para el diario El Universal, los dos miembros de la junta directiva hicieron duras críticas al presidente y al director de la Cámara de Comercio de Montería, porque en el año 2019 se gastaron $2.328.867.500 en campañas empresariales, lo que representa un 26% del presupuesto de la entidad y se pagaron en comisiones de recaudo y promoción del registro mercantil, la suma de $ 1.171.545.505 lo que representa un 13% del presupuesto de dicho año.
Cuestionaron además que en la contratación de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y la adjudicada en el año 2020, se repiten los objetos contractuales, los costos y el tiempo, pero no se advierte que hayan generado ninguna utilidad y beneficio para un comercio deprimido como el de Montería y en consecuencia no tienen justificación alguna.
En consideración a las presuntas irregularidades detectadas, Díaz Sierra y Cote Velosa, solicitaron a la Contraloría y demás órganos de control que ejerzan una vigilancia especial sobre toda la contratación de la entidad en los últimos cuatro años y que hagan una evaluación sobre la gestión de la administración y los resultados que ha obtenido en el uso de los recursos públicos, además del cumplimiento de las funciones que ejerce la junta directiva en la gestión, control y buen uso de los dineros públicos que esta maneja.
Actualmente son miembros principales de la junta directiva por elección del comercio son Jorge Elicer Doria Corrales, Álvaro Sepúlveda Salgado, Gloria Inés Díaz Tapia y Mario Fidel Díaz Ibañez, mientras que los designados por el Gobierno son Jairo Díaz y Adriana Cotes, y quien funge como su director desde hsce más de una década es el abogado Félix Manzur Jattin.