«Urge declaratoria de Estado de cosas inconstitucionales en la gobernanza sobre la tierra”.
La intervención de la Corte Constitucional para ponerle orden a la adjudicación de baldíos por vía administrativa que refrene las crecientes intervenciones de la jurisdicción civil-agraria a través del conocimiento y fallo de acciones de prescripción adquisitiva del dominio sobre predios baldíos es no sólo un imperativo de orden judicial sino también la acción requerida para cerrar la brecha de la creciente inequidad en el acceso de los campesinos a la propiedad a través de «la declaratoria del Estado de cosas inconstitucionales en la gobernanza sobre la tierra”.
El Estado tiene la obligación de deslindar los baldíos nacionales, definir los adjudicables, hacer un inventario de ellos, recuperar los indebidamente adjudicados, hacerse parte en procesos judiciales para protegerlos de abusos del derecho y cumplir con el mandato constitucional de entregarlos a las familias de campesinos desposeídos y pobres con el objeto de que se incorporen a la producción y a la seguridad alimentaria de la nación.
Nadie duda que las guerras civiles de que da cuenta la historia del país y las tensiones sociales que aún hoy se viven en distintas regiones, como el desplazamiento forzado, las masacres campesinas, los crímenes de líderes y lideresas sociales hunden sus raíces en el manejo de la cuestión agraria, desde las guerras de independencia mismas cuando la naciente nación no tomó decisiones frente a los títulos otorgados por el imperio Español, pasando por la Constitución de 1886 cuando se consagró el respeto de la propiedad y “el justo título” que no fue otra cosa que concederle el derecho a quien exhibiera Cédulas Reales en oposición a la ocupación o a la posesión del colono, hasta el etiquetamiento como delito penal de invasión de tierras a las conductas de campesinos pobres que presionaban la ocupación de los baldíos indebidamente adjudicados o poseídos con falsa tradición, continúan las mismas tensiones.
Dado el uso, su inequitativa concentración o explotación que produce daños ambientales, aumenta el injusto empobrecimiento de amplias capas de la población, se deterioran páramos, se destruyen reservas nacionales y el latifundio se hace improductivo, dedicado a su mayor valorización (engorde) o a la ganadería extensiva en zonas que por su vocación deberían estar destinadas al uso intensivo o al de la agricultura, la piscicultura, la reforestación, la protección de acuíferos u otras actividades de igual o mayor significación es deber del Estado recuperar su gobernanza como base inequívoca de la justicia social.
Los precedentes judiciales de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional que anulan decisiones de tribunales o juzgados que facilitan el acceso a la propiedad de baldíos por el modo de la prescripción extraordinaria adquisitiva como el emblemático caso de la familia Cabrales, en Córdoba, que se hizo titular el dominio sobre un predio baldío de más de 800 hectáreas, constituyen un llamado a la Corte Constitucional para que provea frente a un régimen que desestimula políticas públicas que considera amenazantes para sus intereses, suprime instituciones, así lo hizo con el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), luego con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder); y, finalmente, enmaraña de tramitología a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para impedir que cumpla sus funciones de administrar y adjudicar baldíos y hacerla inaccesible a la participación campesina en el proceso de democratización y legalización de la propiedad.
Capítulo aparte merece el saneamiento de la propiedad registrada con falsa tradición que no prueba que la tierra haya salido de la propiedad del Estado y bajo la formalidad del registro ante las oficinas de instrumentos públicos y privados hacen oponibles a terceros estos títulos que encubren la indebida ocupación de baldíos.
Más de 370 mil hectáreas de baldíos nacionales fueron titulados mediante estos torticeros procedimientos en los últimos 15 años y hoy son indebidamente ocupadas por familias latifundistas, el 29 por ciento de las cuales se encuentran ubicadas en el Departamento de Córdoba.