Un sorpresivo fallo que ordena a la plataforma Uber suspender su operación en Colombia, fue proferido el pasado 20 de diciembre por la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver una demanda interpuesta por un abogado en representación de los taxistas, que alegó la ilegalidad de esta empresa para prestar el servicio de transporte.
En respuesta a este fallo, que además conlleva una multa de 400 millones de pesos, los directivos de la empresa Uber anunciaron que a partir de las cero horas del 1° de febrero de 2020 dejará de operar en Colombia, lo que traerá como consecuencia que 88 mil socios-conductores registrados en la aplicación dejarán de recibir los ingresos que les permitía llevar el sustento a su familia.
Ante el rechazo generalizado a esta medida, considerada como arbitraria por sus directivos porque según afirman va en contra del ordenamiento jurídico colombiano porque viola el debido proceso y sus derechos constitucionales, el gobierno justificó su expedición argumentando razones de legalidad y seguridad para los usuarios.
Esas mismas razones las viola el gobierno al conceder un plazo indefinido a los taxis conocidos como “zapaticos”, cuya venta y operación para el transporte público están prohibidas desde hace más de cinco años internacionalmente, en una clara demostración de que esta medida contra Uber fue tomada bajo la presión de los taxistas bogotanos, ciudad donde los usuarios de este servicio público prefieren usar la plataforma por economía y porque los socios conductores prestan un servicio con mayor calidad.
Ahora, cuando la opinión pública se le viene encima al gobierno e incluso se conocen denuncias de reuniones de los directivos del “sindicato” de taxistas con el senador Álvaro Uribe y otros altos voceros del Centro Democrático que se interpretan como presiones políticas, voceros del ministerio de Transporte anuncian que apoyarán un proyecto de ley que desde hace año y medio está engavetado en el congreso y que busca reglamentar la operación de tales plataformas en Colombia.
En verdad este es un gobierno parcializado, conflictivo, que en lugar de buscar la mediación y los procedimientos para que no haya un control hegemónico en los distintos sectores económicos, lo que busca es entregar su explotación de forma exclusiva para sus amigos de ocasión, sin importarle a cuántas familias colombianas sacrifica con sus decisiones.
Hoy 88 mil familias se ven inmersas, angustiadas e impotentes, en un conflicto que no buscaron, pero que las puede dejar sin sustento, mientras cerca de 2 millones de usuarios del servicio Uber, muchos de los cuales eligieron al Presidente Iván Duque, lamentan su decisión.