Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet

Michelle Bachelet, Alta Cpmisionada de la ONU para los Derechos Humanos

«PREOCUPAN PROPUESTAS DE REFORMA PARA ACABAR CON LA JEP»: JULIETTE DE RIVERO..

Michelle Bachelet, Alta Cpmisionada de la ONU para los Derechos Humanos

Por lo menos cinco preocupaciones centrales, resultado del trabajo de investigación en diversas regiones del país, contiene el informe anual sobre la situación de derechos humanos en el país presentado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Las inquietudes se resumen -según la representante en Colombia de la Alta Comisionada de ONUDH, Juliette De Rivero- en la grave situación de violencia que está golpeando a las comunidades indígenas, afros y campesinas de los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Putumayo, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca; la falta de presencia integral del Estado que limita su capacidad para cumplir con su deber de protección de la población.

Asimismo, en la falta de avances en la adopción de una política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones criminales; y la desprotección de las poblaciones y de sus liderazgos.

En términos de cifras, en el informe anual, que se construye sobre situaciones observadas y hechos ocurridos en 2020, se registró el asesinato de 133 líderes sociales y la comisión de 76 masacres, en las que han muerto tres o más personas; así como 94 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 25.366 personas, el 76 por ciento de los cuales ocurrieron en Antioquia, Chocó y Nariño; y el asesinato de 73 antiguos integrantes de las extintas Farc, incrementando a 248 homicidios desde la firma del Acuerdo de Paz. Relata el portal VERDADABIERTA.COM.

Por último, a este organismo multilateral le preocupan “las afirmaciones de actores que buscan desacreditar la imparcialidad e independencia” del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado por el Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc en noviembre de 2016 en Bogotá, resultado de una negociación que, por cuatro años, adelantaron el Estado colombiano, en representación del gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y la máxima dirigencia de ese grupo insurgente. (Descargue informe aquí)

Justamente esta última preocupación surge en medio de la polémica que suscitó en el país el anuncio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de investigar por lo menos 6.402 casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes del Estado entre los años 2002 y 2008. (Leer más en: Estos eran los oficiales del Ejército en las zonas con más ‘falsos positivos’)

En reacción, sectores críticos del Acuerdo de Paz renovaron su petición de acabar con esa instancia transicional. Desde octubre del año pasado, el partido Centro Democrático radicó en el Senado de la República un proyecto de reforma constitucional para derogar la JEP que, junto con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en razón del conflicto armado, hacen parte del Sistema pactado en el Acuerdo de Paz.

Enreciente rueda de prensa realizada en Bogotá, Juliette De Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expuso un breve resumen del contenido del informe presentado en Ginebra, destacando esas inquietudes y sus respectivas recomendaciones, que espera sean acogidas por diversas entidades estatales.

 

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