Una dura carta envió este lunes un importante grupo de congresistas estadounidenses al gobierno de Donald Trump en la que le piden que presione al gobierno de Colombia para que proteja a los defensores de derechos humanos del país, cuya vulnerabilidad se ha agudizado durante la cuarentena por la emergencia del COVID-19.
En la misiva, dirigida al secretario de Estado Mike Pompeo, 94 legisladores estadounidenses, piden a Trump que presione al gobierno de Iván Duque para que “renueve sus compromisos de implementar los históricos acuerdos de paz de 2016″ y “proteja a los amenazados defensores de los derechos humanos”.
En la comunicación, promovida por los legisladores estadounidenses James P. McGovern y Mark Pocan, cuestionan al gobierno colombiano porque desde que se firmaran los Acuerdos de Paz con las Farc en 2016, han sido asesinados más de 400 líderes y defensores de derechos humanos, un hecho, afirman los congresistas, que demuestra que el gobierno colombiano “fracasó en llevar las instituciones civiles del estado a las zonas de conflicto”.
La persistente incapacidad del gobierno colombiano para prevenir y judicializar los ataques contra los defensores han permitido que esta tragedia se desate sin control, afirman tajantemente los congresistas en su carta, tras poner como ejemplo el caso de Marco Rivadeneira, uno de los 23 líderes sociales asesinados entre el 15 de marzo y el 24 de abril, durante las primeras semanas de la cuarentena por la pandemia del COVID-19 en Colombia y quien hace parte de la triste lista de 157 líderes y defensores sociales asesinados en lo que va de 2020, de acuerdo con registros de la ONG colombiana Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ).
Los congresistas demandan del Presidente Trump, que intervenga ante su homólogo el Presidente Duque, para que mejore la protección de los defensores de los derechos humanos y de los líderes sociales, comenzando por la investigación eficaz de los ataques y amenazas en su contra, la identificación de quienes ordenaron estos delitos y la presentación pública de los resultados de estas investigaciones”.
Para que desmantele las redes de los sucesores de los paramilitares involucrados en el tráfico de drogas, ya que alimentan gran parte de la violencia ejercida contra los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales. El Gobierno, afirman, debe cumplir su compromiso de convocar periódicamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que fue creada por el Acuerdo con el objeto de desarrollar e implementar planes para desmantelar los grupos ilegales y proteger a las comunidades, los líderes sociales y los excombatientes.
Establecen como un compromiso ineludible del Gobierno colombiano que, de manera eficaz, investigue, judicialice y presente los resultados relacionados con estas redes paramilitares y delictivas a través de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Es fundamental que el Estado ponga fin a la impunidad de los asesinatos, las desapariciones, los ataques y las amenazas contra los defensores de los derechos humanos, los líderes sociales, los activistas por el derecho a la tierra y el medio ambiente, los periodistas, los sindicalistas y otros defensores.
Que responsabilice prontamente a los miembros de la inteligencia del Ejército Nacional de Colombia, incluidos los de más altos rangos, que dieron la orden y llevaron a cabo el perfilamiento e inteligencia masiva de 130 periodistas (incluidos periodistas estadounidenses), defensores de los derechos humanos, líderes políticos, y militares quienes han denunciado abusos. Estados Unidos también debe procurar que la cooperación de seguridad e inteligencia estadounidense no contribuya, apoye ni incite actos de inteligencia ilegal, ni ahora ni en el futuro.
Y finalmente que se responsabilice al gobierno colombiano de Implementar decididamente el Acuerdo de Paz, lo que incluye financiar adecuadamente el sistema de justicia transicional, implementar plenamente el Capítulo Étnico, cumplir los compromisos relativos a la protección de los excombatientes y los proyectos productivos para que se reintegren a la vida civil, y honrar los compromisos de verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición para las víctimas del conflicto.