Esta es la pregunta que ronda la mente de las 130 personas, entre periodistas, congresistas de la oposición, magistrados, defensores de derechos humanos y hasta funcionarios del gobierno, que fueron «perfilados» y «chuzados» en desarrollo de una gran operación ilegal realizada por las unidades de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Militares, que fue denunciada en diciembre por el Washington Post, pero que explotó a nivel nacional el pasado viernes 1 de mayo, cuando en su edición impresa, la revista Semana publicó un completo informe que obligó al gobierno del Presidente Iván Duque a anunciar precipitadamente el retiro del servicio activo de 11 oficiales del ejército.
El hecho generó tal indignación entre las organizaciones defensoras de la libertad de prensa y de los derechos humanos, que tanto sus máximos dirigentes como las personas afectadas, expidieron un comunicado en donde rechazan que los recursos del Estado hayan sido utilizados para «espiar» sus actividades y las de sus familiares y conminan al gobierno a que responda públicamente la pregunta que los ronda a todos: Quién dió la orden?
Una pregunta que hasta ahora ha quedado sin respuesta por parte del Gobierno del Presidente Duque, quien en su condición de Jefe de Estado, funge como máximo comandante de las Fuerzas Armadas y por supuesto es el responsable de los actos que cometan los miembros de esa institución. Por eso el Ministro de la Defensa Carlos Holmes Trujillo, seguramente siguiendo instrucciones del Presidente, salió apresuradamente a informarle al país la criminal acción de «un grupo de oficiales y subalternos» que ya habían sido relevados de sus cargos por ser responsables de poner en marcha esta operación ilegal.
Sin embargo esta estrategia no surtió efecto pues la revista Semana también adelantó su edición y publicó un contundente informe que ha dejado muy mal parado al gobierno Duque frente a la opinión pública nacional y mundial, frente a las organizaciones defensoras de los derechos civiles y frente al gobierno de los Estados Unidos, que financió la compra y mantenimiento de los equipos utilizados para las «chuzadas».
La sensación que deja este escándalo es que apenas es la punta del iceberg de la estrategia puesta en marcha por el gobierno para tener un control ilegal sobre partidos, organizaciones y líderes que, amparados en el carácter democrático de nuestra Constitución, han decidido plantearle oposición a sus medidas autoritarias y represivas.
El esclarecimiento de estos hechos es de vital importancia para garantizar la salud de nuestra democracia, pero la respuesta a la pregunta: ¿Quién dio la orden?, sólo se conocerá después que pase esta emergencia ocasionada por la pandemia del Covid-19, y para entonces confiamos en que se haya profundizado mucho más en las investigaciones, y sus resultados nos muestren si en realidad, como sospechamos, estamos bajo el remedo de un Estado Social de Derecho.