En el fondo la propuesta de referendo reformatoria de la justicia y derogatoria de la JEP, puesta en discusión esta semana, es una carrera desesperada y suicida en busca de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y en general, de los crímenes de guerra.
Hábilmente combina aspiraciones legítimas de ciertos sectores de la opinión pública, promoviendo su respaldo emotivo, con la intención de fondo, que no es otra que la derogatoria de la Jurisdicción Especial de Paz.
Sus promotores saben que la Corte Penal Internacional (CPI) inició el trámite para establecer un procedimiento penal especial que haga breve, sumario y expedito el juzgamiento de los crímenes contemplados en el Estatuto de Roma, que hoy tardan entre 5 y 15 años para ubicar responsabilidades en la etapa de investigación y acusación que tramita la Fiscalía de la CPI.
Desbaratar la JEP ahora es, ni más ni menos, que garantizar entonces que los juicios de los delitos por los que deben responder los terceros civiles responsables de los crímenes de la guerra, se dilatarán en el tiempo y eventualmente, si llegaren a judicializarse, no se pagaría ni un día de cárcel.
Un proceso de paz nunca antes visto en el mundo, en el que se obliga a decir la verdad de los intereses que determinaron la guerra, en los que se impone decir la verdad, justiciar responsables, reparar a las víctimas y en el que se suscribe el compromiso de la no repetición terminaría, como se lo han propuesto desde el principio, hecho “trizas”.
Las recientes conclusiones de la Fiscalía de la CPI en la Situación de Colombia, que evalúa especialmente los avances de las tres jurisdicciones penales internas (Penal ordinaria, Especial de Paz y JEP) sobre los crímenes de guerra, han puesto muy nerviosos a esos actores, porque en sus recomendaciones les pide sometimiento a la JEP, para precaver la intervención en caso de impunidad.
La fiscalía de la CPI, por ejemplo, se ha atrevido a llegar, en sus pesquisas, al desenmarañamiento de los orígenes, consolidación y expansión del paramilitarismo en Colombia.
Para la Fiscalía Internacional de la Corte está claro “el modus operandi” de las relaciones del gobierno con el Paramilitarismo y más recientemente con las mafias del narcotráfico. Lo develó al recabar la información sobre el origen de las Autodefensas de Córdoba y Urabá (ACCU) y muy especialmente, con la expansión, promoción y financiación del llamado “Bloque Calima”, estructura paramilitar creada para operar en el Valle del Cauca.
En tales circunstancias, el llamado al referendo derogatorio de la JEP en Colombia está caracterizado por una carrera suicida de sectarismo político para consolidar el actual régimen político; aparejado de una nueva ola de violencia, sin parangón en nuestra historia, en la que la desaparición física, la desaparición forzada, el desplazamiento y los crímenes de lesa humanidad pretenderán imponer la impunidad sobre los crímenes de guerra.