Cuando agentes de los Estados Unidos descubrieron la existencia de un laboratorio para la producción de cocaína en la finca de la familia del para entonces embajador de Colombia ante la República Oriental de Uruguay, Fernando Sanclemente, la Fiscalía, que ordenó el operativo de allanamiento, se demoró más de 2 meses en vincular a la investigación al importante funcionario y esperó hasta que presentó su renuncia, aun cuando el caso era tan evidente que ameritaba una acción más enérgica y rápida.
A diferencia de este caso, a finales de la semana pasada y luego de evaluar los resultados iniciales de una investigación de la Contraloría General de la República sobre la implementación de la Línea Especial de Crédito: Colombia Agro Produce, creada para enfrentar los estragos de la pandemia por Coronavirus en el sector agropecuario, el Fiscal Francisco Barbosa, con una celeridad sorprendente y sin un estudio a profundidad del caso, decidió ordenar la apertura de una investigación preliminar al Ministro de Agricultura Rodolfo Enrique Zea, al Presidente de Findeter Dairo Estrada y a otros funcionarios de esa institución.
Lo hizo, amparado en pruebas que supuestamente demostraban que esta línea de crédito, creada para apoyar la producción agropecuaria, pero sobre todo a los medianos y pequeños productores del campo colombiano, había sido utilizada para favorecer a los grandes productores quienes en 2 días habían tramitado créditos por valor de 216 mil millones de pesos, dejando, según sus cuentas, sin opción de crédito a los medianos y pequeños productores.
Sin embargo, por ese apresuramiento, posiblemente impulsado por su deseo de figuración nacional, el Fiscal Barbosa no se detuvo a examinar el alcance de esa línea de crédito, y por supuesto ignoró que fue dotada con 1,5 billones de pesos, de los cuales se asignó a los grandes productores el 20%, $300.000 millones; a los medianos el 40%, $600.000 millones, y a los pequeños el 40%, $600.000 millones, con condiciones más favorables para estos últimos también en el monto de los intereses.
Tampoco analizó que no había transcurrido el tiempo suficiente para establecer si los grandes productores habían invertido los recursos en las actividades establecidas por la línea de crédito y no para pagar créditos anteriores o aliviar su cartera crediticia.
Como era de esperarse, por su organización empresarial, y quizás su fácil acceso a la información, los grandes productores hicieron uso muy rápidamente de este beneficio y a los dos días ya habían realizado 77 operaciones de crédito por un monto de 213 mil millones de pesos, mientras que los medianos empresarios tramitaban 208 operaciones por 30 mil millones y los pequeños productores 897 operaciones por valor de 9 mil millones de pesos.
Para superar esta desventaja de los pequeños productores frente a los bancos, la línea de crédito establece que el gobierno nacional les concede una garantía equivalente al 80% del valor de su crédito y para su estructuración el banco Agrario debe destinar funcionarios de todas sus agencias en el país para que les ayuden en su diligenciamiento y trámite.
Aunque, como debe hacerlo todo buen funcionario, el Ministro Zea ha declarado que respeta y acata las decisiones de los órganos de control y fiscalización, no hay duda que debe quedar en él ese sabor amargo de haber sido expuesto mediáticamente como el presunto autor de maniobras irregulares para favorecer los intereses de los grandes empresarios por sobre las necesidades de los pequeños productores.
Sin duda, es muy bueno para la deteriorada salud moral del país que los organismos de control y fiscalización actúen rápida y eficientemente para combatir la corrupción y evitar que los recursos, tan limitados del Estado, vayan a parar a los bolsillos de los corruptos o sean utilizados para fines distintos a los establecidos, pero también es muy importante que más allá de respetar el derecho a la defensa de los funcionarios y/o ciudadanos en general, también sean rigurosamente respetuosos de su imagen ante la comunidad.