La reacción ciudadana frente a los excesos en el uso de la fuerza del poder de policía que deja un balance de 11 personas muertas y decenas de heridos coloca en contexto un asunto que la Corte Suprema de Justicia devino en llamar: «Las Zonas Grises».Se trata de un precedente jurisprudencial del que hoy se aparta con el llamado que hizo al gobierno y en especial a la Policía Nacional para que se respeten las libertades y los derechos ciudadanos y le ponga fin al extralimitación en el uso del poder de policía.
Las zonas grises constituían, para la Suprema Corte, una justificación del uso de ese poder para enfrentar el fenómeno de la violencia producido en tiempos de conmoción interior, bajo el entendido de que la Policía es un cuerpo que corresponde a la autoridad civil y no a las Fuerzas Militares.
Para quienes ignoran la historia patria pareciera que todo siempre fue como lo es ahora. Desconocen el origen guerrillero liberal de la policía Nacional y el de la reacción conservadora del Ejército Nacional, que por cierto se consolidaron al unificarse los mandos de cada fuerza con el poder que ejercían facciones regionales al servicio de gamonales, cachiporros o mochorocos y chulavitas o pájaros, que, al mejor estilo del paramilitarismo de hoy, monopolizaban la fuerza, las armas y el poder local durante ese aciago período histórico que se conoce como la violencia bipartidista, al amparo del cual se cometieron los más incontables y ateoces crímenes de lesa humanidad, que quedaron sin ser justiciados bajo un pacto que constituyó una especie de ley de perdón y olvido.
El patriótico ejército de liberación anticolonialista se desintegró con la desintegración del federalismo de la Nueva Granada y de los Estados de la Unión de la República de Colombia.
Así que quienes pontifican en sus discursos patrioteros contra la violencia paramilitar, guerrillera o de cualquier cartel de bandoleros de hoy lo único que en realidad tratan es de hacer creer que sus intereses elevados al canon de ley, a fuerza de sangre y fuego, son los únicos legítimos y valederos.
Olvidan los más de 380 mil muertos que dejó esa guerra fratricida liberal-conservadora, los desplazados que huyeron a Venezuela o en diáspora por todo el mundo, la usurpación de tierras y la destrucción de empresas agropecuarias, así como las alianzas con sectores de las mafias del ron, el tabaco y la marihuana, entre otras actividades ilícitas.
Mostrar ahora a unos policías; igual, víctimas del principio militar de «la obediencia ciega», en realidad convertidos en «carne de cañón», que además pagan para su reclutamiento, hecho que se convierte en patente para patrocinar la corrupción o perder la inversión hecha en el reclutamiento; y, presentarlos como culpables del exceso del poder de policía, cuando sólo son su instrumentalización en acatamiento de sus órdenes, es tratar de esconder la esencia de la realidad.
La vox populi, Vox Dei, reza con toda claridad que: «Quien es mandado no es culpado». Tal vez por eso Colombia es el 5° país de América con mayor impunidad en el juzgamiento militar de los crímenes cometidos en el servicio.
Es un irrespeto contra la dignidad de la Nación y contra la vida y la honra ciudadana (incluida, claro está, la de los policías mismos, el engaño con el que se pretende ocultar como el régimen ordena volver las armas de la Nación contra el pueblo soberano.
La historia enseña cómo polícias mantaron policías, al mismo estilo en el que las mafias se liquidan entre sí y los grupos guerrilleros matan guerrilleros con el mismo propósito siempre de deslegitimar la protesta, desapareciendo físicamente al opositor y desvirtuar el verdadeo interés económico social que subyace en el metadiscurso.
Tal como ahora infiltran las manifestaciones para matar y saquear para garantizar la vigencia del discurso de la seguridad democrática.
Por eso es pertinente el llamado a la reserva moral de la Nación para que convoque a sus fuerzas vivas a un nuevo pacto social que impida que una élite familista e inmoral continúe imponiendo a retazos su agenda de intereses mezquinos, injustos y violentos por encima de los intereses sagrados de la patria y anteponga este estado fallido a la necesaria tarea de la construcción de un nuevo Estado viable.